Buscar y esclarecer la situación de los detenidos desaparecidos, digitalizar los archivos, garantizar el máximo acceso y actualizar la jurisprudencia sobre crímenes de lesa humanidad son desafíos que Uruguay deberá considerar “irrenunciables, indelegables y centrales a cualquier política en materia de derechos humanos”, declaró el coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, Felipe Michelini.

“Hay una masa social muy firme y consolidada para que se continúe con la búsqueda y el esclarecimiento de detenidos desaparecidos”, aseveró Michelini a la prensa este miércoles 6, en la presentación de lo actuado por el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, establecido en la administración del presidente Tabaré Vázquez.

Agregó que, “cuando no hubo esa voluntad, igual la gente se movilizó y golpeó todas las puertas, porque no hay forma de hacerle entender a un hijo que deje de buscar a su madre o a una madre que deje de buscar a su hijo”.

El coordinador enfatizó que la ley n.º 19822 comete la búsqueda de personas detenidas y desaparecidas a la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Además, describió los tres desafíos del Estado en la materia: continuar la búsqueda y esclarecimiento de las circunstancias de la situación de los detenidos desaparecidos, digitalizar los acervos documentales con el mayor acceso a la ciudadanía y hacer un seguimiento de la jurisprudencia nacional e internacional de los crímenes de lesa humanidad.

Por su parte, el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, recordó que la sanción de la mencionada ley comienza una etapa que otorga marco legal en el ámbito de la Institución Nacional de Derechos Humanos a la investigación y todo lo que concierna a la búsqueda de personas detenidas desaparecidas en Uruguay.

Recordó que la conformación de este grupo está vinculada con un planteo que hizo en su momento el presidente Tabaré Vázquez al asumir su segundo mandato, en marzo del 2015, que calificó como “una herida abierta”. Vázquez “siempre estuvo preocupado por darle una institucionalidad que permita que una política de estas características no tenga altibajos más allá de los diferentes gobiernos o las diferentes personas que asuman tal responsabilidad”, aseguró Roballo.