La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes se ha reunido virtualmente con altos funcionarios del Gobierno de Uruguay acerca de la aprobación de la legislación en 2013 que legalizó el uso y el cultivo de cannabis en adultos con fines no médicos, así como sobre la implementación de las disposiciones de las convenciones de control de drogas en Uruguay.

En los últimos años, la Junta ha expresado reiteradamente su preocupación por esta legislación y ahora aprovecha esta oportunidad para recordar a los países que el artículo 4 (c) de la Convención de 1961 que exige que los Estados Parte adopten las medidas legislativas y administrativas para limitar el uso de estupefacientes exclusivamente a fines médicos y científicos.

La Junta destaca que el artículo 3 (1) (a) de la Convención de 1988 exige la tipificación como delito de actos tales como la producción, fabricación, preparación, oferta, venta, distribución e importación o exportación de cualquier estupefaciente o sustancia psicotrópica contraria a las disposiciones de la Convención de 1961.

Al revisar el año pasado una serie de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la marihuana y sus derivados, la Comisión de Estupefacientes de la ONU eliminó el cannabis de la Lista IV de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, donde figuraba junto a opioides adictivos y letales como la heroína.

Con 27 votos a favor, 25 en contra y una abstención, la citada Comisión ha abierto la puerta al reconocimiento del potencial medicinal y terapéutico de la droga, aunque su uso con fines no médicos y no científicos sigue siendo ilegal.